El documento fue elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), el Grupo de Trabajo Internacional para Asuntos Indígenas (IWGIA) y el Programa Universitario Amazónico (PUAM), con la finalidad de sistematizar y concretizar los hallazgos y los estándares que se encuentran en el informe: Derecho a la libre determinación de los Pueblos Indígenas y Tribales.
El Resumen infográfico contó, en primera instancia, con las contribuciones de la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) en colaboración con la Asociación de Universidades Jesuitas Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (AUSJAL), y con información resultante de consultas a organizaciones del territorio amazónico y que derivó en un pedido realizado a la Comisión Interamericana, en el año 2017, para elaborar un informe especial sobre la situación de los derechos de los pueblos amazónicos, con representantes acompañados por REPAM.
El director del Programa Universitario Amazónico (PUAM), Mauricio López, resalta la importancia de este documento “para comprender y trabajar sobre las garantías de los derechos de los pueblos indígenas, en la defensa de sus territorios, sus formas de vida, y el respeto a sus instituciones políticas y sociales”.
La importancia del Informe para los pueblos amazónicos
Si bien el Informe aborda el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales de todo el mundo, para el abogado brasileño Daniel Cerqueira, director de programas en la Fundación para el Debido Proceso (por sus siglas en inglés DPLF), en el contexto amazónico el informe adquiere una especial relevancia porque “aborda una serie de parámetros de actuación estatal”. Cerqueira destaca la exigencia del informe en, por ejemplo, “el respeto a la autonomía de las formas de vida de las comunidades indígenas y también [busca] asegurar su autonomía en la gestión de sus recursos naturales y eso tiene claramente una incidencia fuerte en los pueblos amazónicos, en donde muchos casos hay un reclamo de no solo preservar un modo de vida tradicional, sino que en otros casos la intangibilidad de territorios en donde se encuentran pueblos indígenas y en aislamiento voluntario”.
Y es que la presión que ejercen las actividades económicas extractivas, que implican esencialmente la destrucción física y cultural de los pueblos indígenas, y la presencia de actores irregulares y estructuras del crimen organizado, que como da cuenta Cerqueira: “muchas veces actúan directamente con actores estatales, con agentes de seguridad y con políticos en el ámbito local, y a veces incluso nacional”, son evidencia de la vulneración y el claro desconocimiento de la libre determinación, cultural, física y política, de los pueblos amazónicos.
El ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos es también el libre ejercicio de su derecho a la identidad cultural, al territorio y a la consulta previa, libre e informada.
Virginia Totti, profesora de derecho ambiental y derecho urbanístico en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro (PUC Río), en Brasil, participó en la elaboración del informe desde la plataforma de la red AUSJAL y REPAM. Para esta redacción fue consultada sobre la importancia del derecho a la libre determinación para los pueblos de la Amazonía: “La garantía de la libre determinación permite conocer como cada pueblo entiende su propio desarrollo económico, social y cultural”. Totti remarca la relevancia de este derecho como “tan fundamental que se considera originario, anterior a la creación de los propios Estados”. Para ella “afirmar la libre determinación es, en este escenario, afirmar que estos pueblos pueden (y deben) decir cómo quieren vivir, y que esto permita defender todas las condiciones necesarias para ello”.
“La garantía de la libre determinación permite conocer como cada pueblo entiende su propio desarrollo económico, social y cultural”.
Virgínia Totti.
Hay desafíos aún para reconocer y respetar la libre determinación de los pueblos amazónicos
El Informe recoge varias observaciones hacia el cumplimiento de las responsabilidades que tienen los Estados con respecto a la libre determinación de los pueblos, tales como respetar, garantizar, adoptar medidas internas y no discriminatorias hacia sus modos de vida. Sin olvidar los principios de consulta y cooperación con los pueblos indígenas y tribales.
El desafío, según el abogado Cerqueira “está en superar una mirada decimonónica (i. e. anticuada) y formalista del derecho”. Para él, hablar de libre determinación “pasa por hablar también del llamado pluralismo jurídico, que significa la convergencia de distintos sistemas jurídicos y normativos y un mismo espacio geográfico y sociopolítico”. Cerqueira hace énfasis en la posibilidad de armonizar el derecho estatal con los sistemas normativos y las costumbres de las comunidades de indígenas, en cuyo territorio el derecho estatal tiene una incidencia muy distinta a los territorios no indígenas.
La armonización y la interacción del derecho indígena con el derecho estatal son elementos claves para la construcción de sociedades plurinacionales.
La abogada Virginia Totti, encuentra el desafío para este reconocimiento de los derechos de los pueblos en “reemplazar el actual modelo de desarrollo por otro que priorice actividades compatibles con el mantenimiento de los pueblos amazónicos en sus territorios”.
Desde el análisis de Totti, las actividades que actualmente consideradas prioritarias –e incluso fomentadas– para la Región son la minería, la prospección y la agroindustria, con las infraestructuras asociadas que son necesarias para el desarrollo de estas actividades (carreteras, vías férreas, terminales portuarias, etc.).
“Esas actividades no son compatibles con la preservación de la naturaleza y de las personas que la habitan. En ese sentido, existe un impedimento real para garantizar la libre determinación de los pueblos porque, en definitiva, existen obstáculos para garantizar los derechos de estos pueblos en el actual modelo de desarrollo”, finaliza Totti.
